Tema del dia | Feb 24 – 11:31 pm
Fuente: http://m.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-328624-no-queremos-otro-betania
“No queremos otro Betania”
Campesinos rechazan la construcción de una nueva represa en el sur del Huila. Emgesa, la empresa detrás del proyecto, asegura que éste es trasparente y ajustado a la normatividad colombiana.
Después de cinco días de haber sido montado a la red, el video que el gobierno no quiere que veamos, como lo tituló su autor Bladimir Espitia, se acerca a las 800 mil reproducciones. En él, agentes del Esmad desalojan con gases lacrimógenos a campesinos del sur del Huila que protestan contra la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo, proyecto liderado por la multinacional Emgesa. La indignación causada por este documental motivó al colectivo de piratas informáticos, Anonymous, a atacar las páginas del Ministerio de Medio Ambiente y la Gobernación del Huila.
Pero, de acuerdo con activistas de la región, el problema no es de hoy sino de hace cuatro años cuando se anunció el interés de crear una nueva Betania en este departamento. Desde entonces, asegura Juan Pablo Soler -integrante de la ONG Ríos Vivos-, se ha dado un conflicto entre los labriegos de los municipios del Agrado, Gigante, Garzón, Paicol y Tesalia (Huila) y la multinacional española que parece lejano a resolverse.
El representante de Emgesa en nuestro país, Lucio Rubio Díaz, aseguró que el proyecto El Quimbo, hace parte del plan energético con el que se pretende garantizar el suministro de energía que el país necesita y cumple con todos los requerimientos del Ministerio de Ambiente. Además, nosotros nos comprometimos a compensar a los campesinos de la región y lo estamos haciendo. Asimismo, acordamos reparar el daño ambiental que se pueda presentar, con la reforestación de los bosques tropicales alrededor del embalse y lo vamos a cumplir”.
Rubio Díaz comentó que quienes critican el proyecto, específicamente los integrantes de Asoquimbo, son “intolerantes y tienen una posición ideológica con la que no se puede discutir. Además recurren a las vías de hecho y no a la concertación cosa que no compartimos”.
Contrario a todo esto, Juan Pablo Soler aseguró que el proyecto no ha traído sino desempleo y pobreza para los pobladores de la región. “Esta es una zona muy prospera, hay ganado, cultivos de tabaco, maíz, arroz, cacao. No queremos que nos suceda lo mismo que les pasó al Hobo y Yaguará que eran poblaciones muy ricas y con la construcción de la represa de Betania se empobrecieron”.
Y agregó: “Lo que está sucediendo en El Quimbo no es algo aislado sino sintomático. Es evidencia de lo que vive el país. Acá nos llegaron con las promesas de siempre pero no queremos tierras sino que nos permitan continuar con nuestras vidas y nuestras formas de subsistir”, reiteró Soler, preocupado, además, por las consecuencias ambientales del proyecto. “Los ríos requieren de su cauce normal”, comentó.
Respecto a esto, Bladimir Espitia, periodista comunitario y realizar del controvertido video, mencionó que “este es un conflicto que lleva ya cuatro años durante los cuales la multinacional ha vertido desechos al río y ha puesto en riesgo a los campesinos de la región. De hecho, hace menos de un mes arruinaron el puente que comunicaba al sur del Huila con el resto del departamento”. El puente al que hace referencia Espitia, actualmente fuera de su región por culpa de una serie de amenazas contra su vida, es el Paso del Colegio.
A Emgesa, Invias le habría recomendado que no extrajera material de las bases del puente. “Vale la pena resaltar que la extracción de material a los lados del puente, tanto aguas arriba como aguas abajo, cambian la dinámica del río e inestabilidad la estructura del puente, por lo que se le recomendó a los contratistas que ejecutan el proyecto de la Presa El Quimbo, no extraer material en la zona aledañas al puente”, alertó en su momento el Instituto.
Sin embargo, la multinacional habría hecho caso omiso, lo que generó la caída del puente. Por esto, la gobernadora del Huila, Cielo González, aseguró a inicios de este mes que si era necesario interponer una acción popular para que la multinacional repare el puente, la haría. El Espectador trató de comunicarse con ella pero le fue imposible. No obstante, el tema del puente no es el único que preocupa a unos y a otros. Como lo aseguró el Ministerio de Ambiente: “la empresa titular de la licencia ambiental debe cumplir con la obligación de compensar a las personas, grupos familiares y actividades productivas identificadas en los dos censos socioeconómicos; el primero de los cuales se realizó en el año 2008 y el segundo entre el 2009 y 2010, que contó con el aval de los presidentes de la juntas de acción comunal y los personeros”.
Esa cartera agregó: “El último ceso fue elevado a escritura pública y aportado al expediente de Licenciamiento Ambiental”. De acuerdo con Rubio Díaz, se han generado un sinnúmero de espacios para que la comunidad y la empresa discutan el proyecto. “Sin embargo, hay personas que no están en el censo de los campesinos de la zona –agregó- y que quieren ser compensados”, refirió el empresario con respecto a los miembros de Asoquimbo.
“Nosotros les hemos pedido que rehagan el censo porque están dejando por fuera a 840 personas que se verían perjudicadas y ellos se han negado a hacerlo. Entonces vemos que se está desconociendo a los afectados”, reiteró Soler que brevemente se refirió al pasado 14 de febrero. “Ese día no dejaron entrar a las organizaciones defensoras de derechos humanos ni a los periodistas ni a nadie, si el desalojo era legal ¿Por qué esconderse?”, comentó el activista.
Por su parte, ese día fue recordado por Bladimir Espitia como “un día triste, vi, como pude, cómo golpeaban abuelas, niños. No les importaba nada. Lanzaban sus granadas aturdidoras e incluso una persona perdió su ojo por culpa de una esquirla”, lamentó el periodista que aseguró que lo han llamado de 11 países para difundir el video que, cuenta, contiene apenas parte de lo sucedido ese día. “Hubo imágenes que no se podían mostrar”, comentó.
Señalamientos van y vienen, el pasado 17 de enero empresarios y campesinos se reunieron con funcionarios del Ministerio de Ambiente para discutir la situación en El Quimbo. Así lo confirmó esa cartera: “Conforme al acuerdo firmado el 17 de enero de 2012 en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los representantes de la comunidad, incluyendo a Asoquimbo, se comprometieron a levantar el paro regional que sostenían desde el 3 de enero de 2012, para que las entidades desarrollaran mesas temáticas en la región entre el 25 hasta el 30 de enero de 2012”.
Según unos y otros, los acuerdos a los que se llegaron no se han cumplido en lo más mínimo. Emgesa y Asoquimbo están de acuerdo que hay que sentarse a dialogar. Los primeros piden que se deje de recurrir a las vías de hecho, los segundos quieren que el Ministerio de Medio Ambiente suspenda provisionalmente el proyecto. Al respecto, esa entidad comentó que el año pasado se impusieron “medidas preventivas suspendiendo el proyecto por unos presuntos incumplimientos por parte de la empresa, luego, también con el acompañamiento y concepto de la CAM, concluimos que se daban las condiciones para levantar las medidas impuestas y está en curso el procedimiento sancionatorio ambiental contra EMGESA para determinar si hay lugar a sancionarlos o no”. Soler comentó que, por ahora, “esta ha sido una discusión de sordos” que tarde que temprano tendrán que empezar a oír.
Por ahora, la persona que denunció los atropellos de la fuerza pública ese aciago 14 de febrero, el periodista Bladimir Espitia, se encuentra fuera de su región. Esto por amenazas contra su vida. Desconocidos lo llamaron a imprecarle y a decirle: “Si esto era lo que querías lo tendrás, ahora sí te desapareceremos”. El hecho fue denunciado por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) que le solicitó al gobierno que proteja al comunicador social que durante cuatro años ha cubierto el conflicto entre los campesinos y Emgesa. Espitia quiere regresar a su tierra pero cuando lo haga espera no ver otra represa en ella.
